Un informe reciente sobre la implementación del presupuesto del sistema público de salud de Honduras ha generado controversia al revelar inconsistencias en los datos proporcionados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Estas discrepancias, que superan los 3,800 millones de lempiras, pusieron en duda la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos asignados al sector, lo que generó un debate en un momento crítico para el sistema de salud del país.
Según el Ministerio de Hacienda, sólo se ejecutó el 77% del presupuesto del sistema de salud, lo que equivale a 22.342 millones de lempiras de un total de 29.091 millones. Sin embargo, las autoridades de salud sostienen que la implementación alcanza el 90%, lo que equivale a 26,182 millones de lempiras. Esta diferencia plantea dudas sobre la autenticidad de las cifras y la coordinación entre las dos instituciones responsables de la gestión de los recursos. Según representantes de salud, este presupuesto se utilizó para comprar medicamentos, equipos médicos y construir nuevos centros de salud en todo el país.
El vicepresidente de Salud, Nerza Paz, acompañado de un director regional y de un hospital, atribuyó recientemente las disparidades al anticuado sistema del Ministerio de Hacienda. El funcionario se rió y señaló que las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud son más precisas y reflejan la realidad de la ejecución presupuestaria. «Vamos muy bien. Estamos superando el 90% de implementación en todos los procesos”, dijo Paz, quien también destacó los esfuerzos para simplificar los trámites administrativos y garantizar el uso oportuno de los recursos.
En este contexto, las autoridades sanitarias confirman que algunos centros sanitarios ya han ejecutado íntegramente sus presupuestos, aunque admiten que aún deben consolidarse las cifras del resto del año 2024. invirtió en la adquisición de medicamentos, lo que permitió alcanzar el 80% de abastecimiento de los 32 hospitales públicos y 20 hospitales regionales del país. “Los procesos de adquisiciones aún están en curso, pero garantizamos que no habrá escasez de medicamentos en el sistema”, afirmó Paz.
Perspectivas optimistas de los hospitales
Por su parte, los directores de hospitales y centros regionales respaldaron las declaraciones de las autoridades sanitarias, asegurando que se han logrado avances importantes en la gestión de los recursos y la atención. Gabriel Paredes, director del Hospital Mario Rivas, señaló que el año cerrará con un 84% de abastecimiento en el almacén de insumos del centro médico y un 74% en las farmacias internas. Según Paredes, se trata de una mejora significativa respecto a años anteriores, cuando la escasez de medicamentos era constante.
Herbert López, director del hospital universitario, también destacó los cambios positivos que experimentó el centro de salud luego de su vinculación nuevamente con el Ministerio de Salud. López aseguró que recibieron suficiente equipo médico y medicamentos para cubrir las necesidades del hospital, lo que permitió mejorar la atención a los pacientes. “Estamos en un proceso de transformación que nos permitirá alcanzar niveles óptimos de atención y prestación”, afirmó.
En tanto, Nelson Paz, director del Hospital San Felipe, destacó que se está implementando una plataforma digital para gestionar las citas médicas, lo que puede reducir significativamente las largas colas y tiempos de espera que generan las quejas de los pacientes. pacientes. Además, tanto él como los demás directores regionales aseguraron que los almacenes estarán equipados para cubrir las necesidades del sistema sanitario durante el próximo año.
Críticas de ASJ y respuestas del Departamento de Salud
A pesar del optimismo de las autoridades y directores del hospital, el informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló graves deficiencias en la gestión presupuestaria del sistema sanitario. Según el informe, «La mala gestión presupuestaria del Ministerio de Salud pasa factura a los pacientes y al personal», el 21% de los pacientes informaron que no recibían medicación o la recibían de manera insuficiente. Además, el 22% dijo que tiene que pagar los medicamentos en el mismo centro de salud. En contraste, el 59% del personal de salud y enfermería reportó que no contaba con las herramientas necesarias para su trabajo, y el 43% que compró con su propio dinero los materiales para la atención de los pacientes.
Ante estas acusaciones, las autoridades sanitarias rechazaron las acusaciones y calificaron los datos de la ASJ como ataques infundados. El vicepresidente Nerza Paz expresó su consternación por las críticas de la organización y cuestionó sus intenciones. “No sé qué tiene ASJ contra Salud, no hicimos nada para justificar estos ataques. En lugar de criticar, deberían centrarse en educar a la ciudadanía sobre la prevención de enfermedades», afirmó Paz, visiblemente molesta.
Sin embargo, las críticas de ASJ reflejan la realidad que siguen enfrentando muchos pacientes y profesionales de la salud. A pesar de los avances reportados por las autoridades, la percepción general es que todavía quedan grandes desafíos por superar para garantizar un sistema de salud eficiente y accesible para todos.
Un sistema sanitario cambiante
Si bien las autoridades sanitarias defienden su gestión y velan por que los fondos se utilicen eficientemente, las discrepancias en las cifras y las críticas de organizaciones como ASJ demuestran que se necesita mayor transparencia y coordinación en la gestión presupuestaria. Aunque se han registrado avances en la mejora del suministro y los servicios de medicamentos, las percepciones de los pacientes y del personal de salud sugieren que aún queda mucho por hacer para alcanzar el nivel de calidad y eficiencia requerido por el sistema de salud.
El próximo año será crucial para evaluar si los esfuerzos de las autoridades lograrán consolidar un sistema sanitario más funcional y justo. Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando promesas de mejora que se traducirán en cambios reales que beneficiarán a todos los hondureños, especialmente a aquellos que dependen del sistema de salud pública para acceder a los servicios básicos de salud.