El gobierno hondureño lo sorprendió esta semana cuando anunció su intención de poner fin al tratado de extradición firmado con Estados Unidos el 15 de enero de 1912. Este acuerdo, que está vigente desde hace más de un siglo, es de fundamental importancia en la cooperación entre los dos países en temas relacionados. crimen organizado, especialmente el narcotráfico. La noticia fue anunciada por el canciller Enrique Reina, quien afirmó que esta decisión responde a una orden directa de la presidenta Xiomara Castro.
El anuncio se hizo público luego de que Castro lo publicara en su cuenta oficial X (antes Twitter), donde ordenó rescindir oficialmente el contrato. Según el presidente, esta medida está respaldada por la constitución hondureña y tratados internacionales. Justificó además su decisión señalando la supuesta intromisión e intervención del gobierno de Estados Unidos, al que acusó de intentar influir en la política interna hondureña a través de su embajada en Tegucigalpa y otros representantes diplomáticos.
Las tensiones entre los dos países aumentaron después de que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, emitiera declaraciones críticas tras una reciente visita a Venezuela de altos funcionarios hondureños. Entre los presentes estuvieron el ministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, y Roosevelt Hernández Aguilar, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Durante su visita, funcionarios hondureños se reunieron con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, quien ha sido acusado por Estados Unidos desde 2019 por delitos de narcotráfico.
El embajador Dogu expresó su sorpresa por el hecho de que representantes del gobierno hondureño se hubieran reunido con un funcionario vinculado a actividades supuestamente prohibidas por Estados Unidos. En sus palabras, señaló: «Me sorprendió ver a funcionarios del gobierno sentados con miembros de un cartel». Las declaraciones han alimentado las críticas al gobierno de Castro, que insiste en que está comprometido a luchar contra el narcotráfico.
Por su parte, el gobierno venezolano ha negado rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico y reiteró sus esfuerzos para combatir este flagelo. Hasta la fecha, no ha habido respuesta oficial del Departamento de Estado venezolano a estas acusaciones.
En Honduras, el anuncio de Xiomara Castro de la terminación del tratado de extradición provocó un acalorado debate. El constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó la medida como un acto intolerante que podría favorecer la impunidad del narcotráfico. Según Barrientos, la rescisión del contrato por sí sola no es suficiente para rescindirlo. Explicó: para finalizar la decisión, el caso debe ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional, donde se necesita una mayoría calificada para transformar la constitución y modificar el marco legal relacionado con la extradición.
Actualmente, el partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre) cuenta con 54 de los 128 miembros del Congreso, muy lejos de los 86 votos necesarios para aprobar este tipo de resolución. Esto complica la posibilidad de una revocación inmediata del contrato, que puede permanecer vigente por el momento en el acuerdo.
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia. Aunque fue firmado en 1909, no entró en vigor hasta 1912. Fue modificado en 2013 para incluir la extradición de nacionales hondureños acusados de delitos de narcotráfico, lo que marcó un hito en la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado. Desde entonces, Honduras ha extraditado a 43 hondureños por este tipo de delitos, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Este caso es uno de los más emblemáticos de la historia reciente de Honduras. En el juicio a Hernández también fueron acusados otros exfuncionarios y expresidentes, como Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, así como Carlos Zelaya, actual diputado y secretario del Congreso Nacional. En agosto, el Fiscal General Johel Zelaya anunció que llamaría a declarar a todos los hondureños nombrados en el caso judicial estadounidense contra Hernández, lo que generó expectativas de posibles investigaciones adicionales.
La decisión de revisar el tratado de extradición también provocó reacciones internacionales. CNN se comunicó tanto con la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa como con el Departamento de Estado para solicitar comentarios, aunque aún no se ha recibido una respuesta oficial.
A nivel interno, la disputa por la extradición es un tema particularmente sensible para Honduras, un país que ha enfrentado los efectos del narcotráfico y la corrupción durante años. El tratado de extradición ha sido una herramienta clave para combatir estos problemas, pero su posible derogación plantea interrogantes sobre cómo planea el gobierno de Xiomara Castro abordar estos desafíos en el futuro.
Mientras tanto, los analistas políticos señalan que la rescisión del contrato puede tener consecuencias diplomáticas y económicas. La relación entre Honduras y Estados Unidos ha sido históricamente estrecha, cooperando en áreas como seguridad, comercio y asistencia humanitaria. Una brecha en esta área podría afectar la percepción internacional del país y generar más tensiones en un momento en que la región enfrenta desafíos comunes en materia de gobernanza, desarrollo y lucha contra el crimen organizado.
En resumen, la decisión del gobierno hondureño de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos representa un momento crítico en las relaciones bilaterales entre ambos países. Aunque la terminación del acuerdo aún no es definitiva, el debate que ha generado refleja profundas divisiones sobre cómo abordar los problemas estructurales de la nación. El futuro del tratado y su impacto en la lucha contra el narcotráfico aún es incierto.
