El Supremo israelí examina la reforma de Netanyahu: “Solo la anularemos si da un golpe mortal a la democracia” | Internacional

No habían entrado en la sala los magistrados del Tribunal Supremo de Israel cuando la moneda, el séquel, ya había caído a su mínimo desde 2020 y una diputada del partido de Benjamín Netanyahu (Likud), Tally Gotlib, gritaba ante las cámaras: “¡Esto es un circo a costa del pueblo!”. Era la primera prueba de la importancia ―con retransmisiones en directo― de la audiencia en la que los jueces del tribunal han escuchado ―e interrumpido con frecuencia― este martes los argumentos a favor y en contra de la primera ley clave de la reforma judicial del Gobierno de Netanyahu. Es una norma que retiró al propio Supremo la posibilidad de declarar “irrazonables” decisiones del Ejecutivo y de otros cargos públicos electos. El Parlamento la aprobó en julio con los votos de todos los diputados del Gobierno derechista de coalición (Likud, ultranacionalistas y ultraortodoxos) y ninguno de la oposición, que se ausentó en protesta.

La audiencia ha durado más de 13 horas. Ha sido la primera en los 75 años de historia del Supremo con los 15 jueces al completo. Ha tardado poco en convertirse en un pimpón de declaraciones y en un debate jurídico y político sobre la separación de poderes. Algunos magistrados han dejado entrever su oposición a la ley, como la presidenta, Esther Hayut, al señalar que privar al Supremo de la potestad de supervisar la razonabilidad de las decisiones del Gobierno supone que haya “ley, pero no justicia”; o el juez del tribunal Yitzhak Amit, con la frase: “La democracia no muere de varios golpes grandes, sino a pasos pequeños”.

Ahora, tienen hasta enero para dictar sentencia. Si anulan la ley y el Ejecutivo se rebela (como ha sugerido algún ministro), Israel entraría en una crisis constitucional a tres años de las próximas elecciones. Esta mañana, 10 diputados de la coalición y el presidente de la comisión parlamentaria de Justicia, Simja Rotman, han tuiteado la misma frase: “La Knesset [el Parlamento nacional] no permitirá sumisamente ser pisoteada”. La pronunció la semana pasada el presidente del Parlamento, Amir Ohana, con tono de advertencia.

Además de políticamente explosivo, el caso es inédito. A falta de Constitución, Israel se guía por 13 leyes básicas. Lo que el Supremo ha debatido anular es una enmienda a una de ellas. En los años noventa, el entonces presidente del tribunal, Aharon Barak, consagró la potestad del Supremo de tumbar aquellas leyes normales que contravengan leyes básicas, al estilo de un Tribunal Constitucional en otros países. Así ha sucedido desde entonces en una veintena de ocasiones, pero nunca con una de las normas fundamentales. “No podemos anular una ley básica cada dos por tres. Tiene que suponer un golpe mortal a los pilares básicos del Estado como Estado democrático”, ha subrayado durante la audiencia la presidenta del tribunal.

La legitimidad del Supremo para dar este paso inédito, así como la esencia de la separación de poderes y el Estado de derecho, han estado en el centro del debate. Los representantes del Parlamento, del Gobierno y Rotman han argumentado que el tribunal carece de la potestad. Anular la ley, han defendido, equivaldría a hacerlo también con la voluntad popular, representada por los poderes legislativo y ejecutivo.

― “Esta es la corte… El debate no puede celebrarse en [el Tribunal de] Estrasburgo, sino aquí”, ha replicado a Rotman uno de los jueces

― “Es que el debate corresponde al Parlamento”, respondió este.

Rotman, de la formación ultraderechista Sionismo Religioso, ha tildado además a los jueces del Supremo de “élite” que solo “vela por sus propios intereses”. La presidenta del tribunal ha respondido que solo se guían por los “intereses vitales del público”. “No nosotros, ni nuestro estatus, ni nuestro honor”, ha aclarado.

Justo antes del inicio, el ministro de Justicia y arquitecto de la reforma, Yariv Levin, calificó la audiencia de “golpe mortal para la democracia y el estatus de la Knesset” con “total ausencia de autoridad”. Por el contrario, el líder de la oposición, Yair Lapid, consideró “inaplicables” a este caso las “discrepancias en torno a si el Supremo puede anular una ley básica”. “Es un documento irresponsable en el que alguien escribió ‘ley básica’ y pide desde entonces que sea tratado como si fuese la Biblia”, agregó.

El último Índice de la Voz de Israel, el sondeo de agosto del think-tank Instituto Israelí para la Democracia, refleja la polarización que está causando la reforma, que ha sacado además a la luz brechas sociales más amplias latentes en el 80% de ciudadanos judíos. Un 34% de israelíes apoya que el Supremo anule la ley a debate, un 37% se opone y un 29% no se pronuncia.

Una década

Los detractores de la reforma consideran que el objetivo es convertir lentamente al país en una dictadura o en un caso similar al de Turquía, Polonia o Hungría. Algo a lo que aludió implícitamente este martes el representante de la consejera jurídica del Gobierno, Aner Helman, al llamar la atención sobre “lo que ha sucedido en el mundo en los últimos 10 años”. La consejera, Gali Baharav-Miara, bestia negra del primer ministro Netanyahu, declinó representar al Ejecutivo, como le correspondería por el cargo. Lo hizo Helman, abogado particular.

Desde la presentación de la reforma, en enero, decenas de miles de israelíes ―cientos de miles, en las convocatorias más multitudinarias― se manifiestan en su contra, sobre todo en Tel Aviv. El lunes, como víspera de la audiencia judicial, hubo una protesta pequeña ante la casa del ministro de Justicia y otra, más numerosa (unas 20.000 personas) frente a la sede del Supremo, en Jerusalén.

La iniciativa (un paquete legislativo) pretende laminar el papel de contrapeso del Supremo. El Gobierno lo llama “reequilibrar” o “corregir” el equilibrio entre poderes.

Cada pata del Ejecutivo tiene sus intereses, que confluyen en la misma diana: quitar filtros al Supremo y modificar la composición del comité que elige a los jueces. Los socios ultraderechistas vinculados al movimiento colonizador (los que más empujan por llevarla adelante) ven en el Supremo la última cortapisa para sus planes en los territorios palestinos ocupados. Los ultraortodoxos quieren sacar adelante una exención formal del servicio militar obligatorio (el Supremo tumbó una propuesta similar anterior). Netanyahu está imputado en tres causas, pero ante el ruido generado lleva meses buscando una salida al embrollo que ha creado.

La reforma ha sumido a Israel en una de sus mayores crisis políticas y sociales. Además de la división en el seno de la mayoría judía, el séquel se ha debilitado (un 0,5% más, al final de este mismo martes) y la protesta ha llegado a las Fuerzas Armadas, la institución más respetada del país. Netanyahu, además, sigue sin invitación a la Casa Blanca, algo inédito desde los años setenta, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado la radicalidad de su Ejecutivo.

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