México, México.– Un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en el palacio presidencial de México este miércoles para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, en momentos en que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba una conferencia de prensa.
Encapuchados, derribaron una puerta del palacio con la parte trasera de una furgoneta oficial, tras lo cual entraron en el mostrador donde se registran los visitantes, según imágenes de televisión.
Allí fueron repelidos con gases irritantes por soldados encargados de la seguridad de Palacio Nacional, en el centro de Ciudad de México, dijo a la AFP un camarógrafo presente en el lugar.
El fugaz asalto se produjo mientras el presidente izquierdista ofrecía su habitual conferencia matutina y, paradójicamente, hablaba del caso Ayotzinapa. “Es un plan provocador”, dijo cuando un periodista le informó sobre lo que estaba sucediendo afuera.
Llegaron “justo a la entrada. “No entraron” al palacio, dijo a la AFP el portavoz presidencial Jesús Ramírez. También rompieron cinco ventanas con piedras y dejaron pintadas, en una de las cuales se leía “sólo queremos diálogo”, confirmó a la AFP.
Los manifestantes invadieron tras un plantón de diez días frente al palacio para exigir un diálogo con el presidente, sin ser atendidos, denunció Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los desaparecidos.
Había estudiantes, activistas y familiares de algunos de los 43 jóvenes que desaparecieron en Iguala (estado de Guerrero, sur) tras tomar autobuses para viajar a una protesta en la capital mexicana en septiembre de 2014.
Este caso es considerado una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en México, que acumula unos 450.000 asesinatos y más de 100.000 desapariciones desde 2006, en su mayoría atribuidos al crimen organizado.
López Obrador aseguró que está dispuesto a reunirse con los padres, pero reiteró que los abogados y asesores de los familiares lo impiden porque utilizan la tragedia con fines políticos y de lucro, y obstaculizan las investigaciones.
“La pelota está en el tejado del gobierno”, dijo el abogado Vidulfo Rosales tras entregar una carta al Ministerio de Gobernación (Interior) solicitando diálogo.
– “No somos represores” –
Estudiantes de la escuela normal de Ayotizanapa habían estado protestando en Guerrero y Ciudad de México, donde acamparon frente al palacio, donde vive el presidente. Los manifestantes comenzaron a retirarse con sus pertenencias.
Las familias y sus representantes exigen documentos oficiales que a su juicio arrojarían luz sobre el caso. Pero el gobierno niega que esté ocultando información y destaca la detención de militares y funcionarios presuntamente implicados.
“Les gustaría que respondiéramos violentamente, no lo vamos a hacer, no somos represores. (…). La puerta la van a arreglar y no hay problema”, afirmó con tranquilidad el presidente antes de concluir su conferencia a la hora habitual.
López Obrador ha multiplicado sus denuncias sobre provocaciones a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2 de junio, en las que su candidata, Claudia Sheinbaum, es la favorita.
“Irrumpiremos en cada acto, en cada acción electoral”, advirtió Rosales.
Miguel Hernández, un lustrabotas de 52 años que trabaja junto al palacio desde hace dos décadas, dijo a la AFP que los encapuchados intentaron derribar la puerta con vallas metálicas, pero al fracasar utilizaron el vehículo.
«Un grupo de unos 15 jóvenes intentó entrar, pero no cruzaron» los detectores de metales, porque «ya había una fila de militares apostados» para impedirlo, explicó.
Las puertas del palacio, cuya construcción se inició en 1522 durante la colonia española y alberga murales del reconocido Diego Rivera, han sido blanco de manifestantes en otras protestas, pero esta es la primera vez en los últimos años que logran derribar una. .
– Caso sin resolver –
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Sólo se han identificado los restos de tres de ellos.
La investigación del gobierno anterior (2012-2018) -conocida como “verdad histórica”- indicó que fueron detenidos por policías municipales en connivencia con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los confundieron con enemigos.
Luego de asesinarlos, los cremaron y arrojaron las cenizas a un río, según esa versión, rechazada por los familiares y peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó el caso.
Una vez que asumió el poder en 2018, López Obrador creó la Comisión de la Verdad (COVAJ) con el fin de realizar una nueva investigación.
En este marco, la Fiscalía ha ordenado la detención de 132 personas, entre ellas 14 militares y el exfiscal general Jesús Murillo Karam, responsables de la «verdad histórica».
COVAJ aseguró en octubre pasado que el Ejército tenía conocimiento del secuestro y desaparición, y reiteró que se trataba de un “crimen de Estado”. AFP
