El Jefe del Estado portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, ha frenado el proceso del Gobierno de António Costa para privatizar la aerolínea TAP, nacionalizada al 100% tras la inyección de 3.200 millones de euros en ayudas públicas para salvarla de la quiebra. Es uno más de los pulsos políticos que en los últimos meses se registra entre Rebelo de Sousa y Costa, después del relacionado con la carrera de los profesores, que también fue vetado inicialmente por el presidente de la República y corregido por el Ejecutivo.
En esta ocasión, la negativa de Marcelo Rebelo de Sousa a promulgar el decreto que establece el marco legal que acompañará la privatización de TAP, prevista para este año, se debe a tres razones esenciales. En una carta dirigida al primer ministro António Costa, el presidente reclama que se concrete cómo podrá intervenir el Estado luso en una compañía “estratégica” si se vende más del 51%, como anunció el ministro de Finanzas, Fernando Medina. “No se prevé o permite, expresamente, en decisiones administrativas posteriores cualquier papel para el Estado”, señala Rebelo de Sousa.
Tampoco considera que el decreto del Gobierno clarifique “la posibilidad de alienar o adquirir” cualquier tipo de activos antes de la privatización de la aerolínea que se menciona en el texto. El tercer aspecto que alertó al Jefe del Estado tiene que ver con la falta de transparencia sobre “las reglas que definirán la elección del eventual comprador” en una fase de contactos anterior a la elaboración del cuaderno de encargos, que concretará los requisitos de la operación. “Como mínimo hay que dejar claro que no serán negociaciones vinculativas y que de esos contactos quedará registro”, reclama el presidente en su carta, en alusión a futuros procedimientos donde se pueda cuestionar la elección del comprador.
Rebelo de Sousa quiere más claridad sobre todo el procedimiento de venta de la compañía y recuerda tanto el “abultado” desembolso de dinero público forzado durante el descalabro que sufrieron las aerolíneas en la pandemia como los escándalos aflorados durante la comisión de investigación parlamentaria de la gestión pública de TAP. “El contenido del decreto, que es determinante porque constituye la única ley que condicionará las decisiones administrativas siguientes, suscitaba múltiples dudas y reticencias a la luz de la deseada máxima transparencia del proceso”, señala el presidente en su carta.
El gabinete de António Costa respondió a última hora del viernes con un escueto comunicado diciendo que tomaba nota “de las preocupaciones” del Jefe de Estado y que serían evaluadas. El Gobierno tendrá que decidir ahora si enmienda aspectos de su decreto o abre un pulso político con Rebelo de Sousa forzando la aprobación del texto actual gracias a su mayoría absoluta en el Parlamento.
El Gobierno luso aprobó a finales de septiembre el decreto para la privatización de TAP, que en los últimos meses ha logrado sanear sus cuentas. Hasta septiembre la compañía ha obtenido unos beneficios de 203,5 millones de euros, que contrastan con el perjuicio de 90,8 millones de euros del mismo periodo de 2022.
El ministro de Finanzas, Fernando Medina, impuso finalmente su criterio para que la venta superase el 51% de las acciones, sin descartar la salida total del Estado. Una opinión que compartió el actual ministro de Infraestructuras, João Galamba, pero no su predecesor, Pedro Nuno Santos, que había sido el artífice de la nacionalización de la compañía para evitar su ruina. Nuno Santos dimitió en diciembre de 2022 por permitir el pago de una indemnización de 500.000 euros a una antigua administradora de TAP que volvió a ser fichada a los pocos meses por su ministerio.
La gestión de la aerolínea ha dejado de ser una cuestión estrictamente económica para situarse en el centro del debate político en los últimos años y está en la raíz del reciente distanciamiento vivido entre Rebelo de Sousa y Costa. La comisión parlamentaria de investigación sacó a la luz algunas injerencias políticas sorprendentes. El secretario de Estado de Infraestructuras, Hugo Santos, llegó a pedir a la presidenta ejecutiva de TAP que alterase un vuelo para complacer a Rebelo de Sousa sin que este tuviese conocimiento ni lo hubiese solicitado. El propio desarrollo de los trabajos en la Asamblea de la República desató una cadena de acontecimientos asombrosos en el Ministerio de Infraestructuras, que incluyeron amenazas, forcejeos y la intervención de los servicios secretos.
A pesar del escándalo, el primer ministro António Costa decidió mantener en el cargo al ministro João Galamba contra el criterio del presidente de la República. El ministro y su antiguo asesor Frederico Pinheiro se intercambiaron acusaciones de amenazas y mentiras. Por aquellos hechos, Pinheiro acaba de interponer esta semana una demanda penal contra António Costa y João Galamba. “Conscientes del relevo mediático inherente a las funciones públicas que ejercen, quisieron y consiguieron difamarme ante la opinión pública”, declaró Pinheiro a Público. El ex asesor ha publicado un libro junto al ex secretario de Estado, Hugo Santos, sobre la gestión de TAP donde defienden el carácter público de la compañía.
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