El 17 de junio de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en plena sesión aprobó, con mayoría de votos, avanzar con los términos para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). No obstante, esta resolución generó una fuerte reacción del consejero Marlon Ochoa, quien alertó sobre supuestos peligros de inestabilidad electoral debido a lo que calificó como la posible repetición de prácticas controvertidas del pasado.
Pleno aprobó el trep y desató tensiones
En una votación dividida dos contra uno, se autorizó el proceso de licitación del TREP, generando críticas intensas de sectores vinculados al bipartidismo. Uno de sus líderes aseguró que Ochoa parecía temer por su continuidad en el órgano electoral y lo acusó de realizar gestiones en Sudamérica con el supuesto propósito de favorecer a empresas específicas.
Este clima de tensión se agudiza debido a las acusaciones de Ochoa sobre un posible vínculo entre el bipartidismo y proveedores del sistema electoral con antecedentes polémicos. Ochoa sostuvo que se pretendía asignar el TREP a una empresa bajo un nombre distinto, la misma que operó en procesos previos, según su advertencia.
Ochoa señala intento de replicar modelo controvertido
El consejero apuntó a la posible reaparición de un modelo similar al utilizado en 2017, cuando ciertos procesos electorales fueron criticados por falta de transparencia. Ochoa sostuvo que existe riesgo de que bajo nuevos nombres se vuelva a usar la misma firma, cuestionando las estructuras detrás de la licitación. Subrayó que este esquema se enmarca dentro de un patrón histórico que busca mantener el control del TREP en manos del bipartidismo.
Contrapuntos: exconsejeros y actores políticos
Germán Lobo, exmiembro del CNE, respondió que los cuestionamientos de Ochoa surgen cuando sus propias propuestas no son acogidas. Lobo lo acusó de tener intereses personales y de ejecutar un discurso sesgado contra el bipartidismo solo cuando no recibe respaldo. Afirmó que Ochoa intentó incluir criterios técnicos específicos para favorecer a determinados actores.
Otros antiguos funcionarios mencionaron que el Consejo tomó una decisión legal y conjunta al aprobar el pliego, señalando que el siguiente paso es el análisis técnico tras esta aprobación.
Cuestión técnica y jurídica del TREP
El debate no se limita a acusaciones políticas, también incluye matices legales. Un factor importante es la interpretación de normas electorales relacionadas con la transmisión de datos y actas. Ochoa insistió en que la legislación exige transparencia total mediante una interconexión directa con partidos y observadores, pero análisis independientes han explicado que el mandato legal se limita al nivel presidencial y a plazos específicos, como lo define el artículo 278 de la Ley Electoral.
Según expertos, lo establecido es que las actas presidenciales deben transmitirse simultáneamente al CNE y a los partidos, pero el artículo 279 no exige hacer lo mismo con todas las actas ni extender la obligación más allá del nivel presidencial.
Respuesta de los partidos y gobiernos
La líder del CNE destacó que este método no funcionará como un sistema automatizado sin intervención humana, evitando situaciones similares a otras naciones donde la transmisión se hace solo a través de computadoras. Afirmó que las regulaciones diferencian claramente entre el conteo, realizado en el lugar de votación, y la comprobación que lleva a cabo el CNE, manteniendo controles humanos vigentes.
Desde distintos partidos se manifestaron dos posturas: uno aplaudió la aprobación alegando que reduce márgenes para posibles manipulaciones, mientras otro acusó al consejero de Libre de querer imponer estructuras autoritarias similares a las de Venezuela.
Potenciales efectos y procedimientos legales
La acusación de Ochoa ha generado un escenario de incertidumbre. Por un lado, se vislumbra la posibilidad de impugnaciones legales a la licitación del TREP. En tribunales o instancias de revisión, se podrían argumentar irregularidades técnicas o favoritismo, en caso de que se confirme que una empresa con historial cuestionado participa nuevamente.
Además, el conflicto político podría minar la confianza en los resultados iniciales, impactando la legitimidad del proceso electoral que concluirá en noviembre. La tensión proviene tanto de sectores que demandan más transparencia como de grupos que sostienen la institucionalidad conjunta del CNE.
Desafíos para la institucionalidad electoral
El caso ilustra las dificultades que enfrenta el CNE. Se hace más claro que es necesario fortalecer los aspectos técnicos, legales y políticos relacionados con el TREP. Quejas como las de Ochoa podrían ser positivas si incentivan revisiones minuciosas, aunque también pueden servir como instrumentos de confrontación política.
Para asegurar confianza, es esencial que existan:
- La precisión en las normas de evaluación del TREP, garantizando imparcialidad.
- El refuerzo de herramientas legales que faciliten la auditoría de decisiones y, si es necesario, su impugnación ante el CNE.
- La participación de agentes externos —tales como observadores nacionales e internacionales, partidos, sociedad civil— en los procesos de vigilancia.
- El debate en conjunto como medio para superar conflictos internos.
