El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Más de 600.000 euros en pagos irregulares
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Asimismo, se está investigando un segundo lote de cerca de 450.000 euros relacionado con otros contratos otorgados más recientemente, lo que sugeriría la persistencia del esquema de corrupción incluso después de los primeros signos públicos de irregularidades.
Licitaciones diseñadas a medida
Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El documento describe de qué manera los acuerdos se elaboraban para asegurar la adjudicación a la compañía, a cambio de pagos previamente acordados. Era, según los funcionarios, una “organización totalmente estructurada” en la que las autoridades políticas participaban directamente para beneficiar a ciertas compañías a cambio de ventajas económicas.
El papel de Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la identificación de Santos Cerdán como figura clave en el reparto y gestión de las mordidas. La Guardia Civil sostiene que Cerdán no solo tenía conocimiento del circuito de pagos, sino que asumía un papel ejecutivo en su articulación. Las conversaciones interceptadas revelan cómo las cantidades eran divididas, negociadas y distribuidas, en función del contrato adjudicado.
Cerdán se posiciona como el nexo central que conecta al PSOE con las compañías favorecidas por la red, siendo el principal enlace con el poder institucional.
Respuestas y mutismo institucional
Ante la contundencia del informe, Acciona ha anunciado una investigación interna, desvinculando a su actual dirección de los hechos investigados. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. La aparición de un exdirectivo de la empresa en los documentos analizados por la UCO ha reavivado el debate sobre la connivencia entre grandes compañías y el poder político.
Por su parte, el Gobierno guarda silencio. La cúpula del PSOE evita pronunciarse sobre un caso que ya ha provocado la dimisión de altos cargos y que amenaza con erosionar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El reporte de la UCO corrobora lo que antes eran solamente dudas dispersas: que una de las constructoras más grandes del país podría haber estado involucrada en un esquema corrupto para garantizarse contratos gubernamentales, planificado desde el centro del partido que rige en España. Si los hechos son confirmados en tribunales, sería uno de los escándalos de corrupción más serios en los últimos tiempos, tanto por la escala económica como por el alto nivel de los participantes.
Este caso no solo compromete a Acciona, sino que pone en tela de juicio el uso del poder institucional con fines particulares. El tiempo dirá si las consecuencias políticas estarán a la altura de la gravedad de los hechos revelados.
