Tegucigalpa, Honduras. Un total de 783 personas privadas de libertad saldrán de las cárceles este año, al ser beneficiadas con la figura de preliberación que contempla la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

Así lo conoció LA PRENSA Premium a través de la solicitud de información SOL-INP-390-2024, donde especifican las proyecciones de las autoridades penitenciarias para este 2024, según los diagnósticos realizados en los 25 centros penales del país.

El proceso de preliberación, diseñado para ofrecer una segunda oportunidad a los reclusos y descongestionar los presidios, se basa en la evaluación de su comportamiento, su grado de rehabilitación y otros criterios establecidos por la legislación vigente.

Desde que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) tomó el control de los centros penales, las actividades de preliberación se han acelerado considerablemente. Sin embargo, ha generado inquietud en diversos sectores, quienes temen que individuos con un amplio historial delictivo puedan beneficiarse de este proceso y representar una amenaza para la población.

Estas preocupaciones se basan en la histórica reputación del sistema penal hondureño, conocido por conceder favores a grupos privilegiados y por las confabulaciones que, en ocasiones, han permitido la preliberación de reclusos a cambio de sobornos.

LA PRENSA Premium conversó con Héctor Fajardo, subdirector de Gestión Penitenciaria, quien explicó a través del programa de las 3R’s: rehabilitación, reeducación y reinserción que implementó la Comisión Interventora del INP, se medirá el éxito de la preliberación en al menos dos años.

“Cuando en las estadísticas de reincidencia haya cero privados que han vuelto a centros penales, ahí vamos a ver el efecto, hasta ahí vamos a medir el éxito en cuanto al factor reincidencia”, explicó.

Registros

De acuerdo con los reportes en el portal de Transparencia del INP, el 31 de agosto de 2023, un mes después de que los militares asumieran la gestión, 1,457 privados de libertad habían sido beneficiados con preliberación. Sin embargo, para septiembre de 2023, esta cifra disminuyó a 1,432 y para noviembre del mismo año se redujo a 1,405.

Los datos actualizados de marzo y abril de 2024 muestran que los beneficiados con preliberación bajaron a 1,304 y 1,243, respectivamente. Es decir, que en un período de nueve meses (de agosto 2023 a abril 2024) a 214 personas privadas de libertad se les ha revocado esta medida, se les ha dado libertad condicional o definitiva.

La mayoría de los beneficiados provienen de la cárcel de Támara y la cárcel de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán. En ambos centros, los internos no pertenecen a ninguna mara o pandilla, aunque a la cárcel de Siria se trasladaron a supuestos ‘pesetas’ (exintegrantes de maras y pandillas) que supuestamente siguen siendo parte de la Mara Salvatrucha MS-13 y estarían siendo beneficiados con la medida, conoció este medio de comunicación.

El último reporte indica que de ‘El Pozo’, en Ilama, Santa Bárbara, donde permanecen privados de su libertad miembros de la Pandilla Barrio 18, han sido beneficiados con preliberación cuatro privados de libertad.

Mientras que en ‘La Tolva’, en Morocelí, El Paraíso, donde están recluidos los pertenecientes a la MS-13, no ha sido preliberado ningún privado de libertad en los últimos nueve meses.

En el caso de las reclusas de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas), en 2023 habían salido alrededor de 70 mujeres, pero la cifra se redujo a 30 mujeres beneficiadas con preliberación en lo que va de 2024.

De acuerdo a las reformas realizadas por la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional a la Ley del Sistema Penitenciario, la preliberación puede ser suspendida si el recluso tiene una nueva causa judicial, es decir, si comete delitos o si incumple los horarios autorizados.

Requisitos

Para ser elegible a la preliberación, los reclusos deben cumplir con ciertos requisitos. Algunos de ellos son avanzar en su tratamiento de rehabilitación, formar parte de un curso o programa académico y si la persona que ingresó no sabía leer ni escribir, debe haber aprendido mínimamente a hacerlo.

Cada expediente es revisado por el Comité Técnico de Instituciones (CTI), compuesto por profesionales del derecho, médicos, psicólogos, odontólogos y trabajadores sociales.

El coronel Fajardo explicó que durante estas reuniones, el CTI revisa casos de solicitudes de liberación, libertad condicional, evaluaciones psicológicas y estudios socioeconómicos. Además, se analizan casos de indisciplina y se determinan las sanciones correspondientes.

“Todos los expedientes son revisados minuciosamente por el consejo, y cada profesional emite su dictamen o evaluación correspondiente”, señaló Fajardo.

Asimismo, enfatizó que una vez que se han recopilado todas las evaluaciones y dictámenes, el departamento legal convoca al consejo por instrucciones del director del centro penitenciario para abordar cada tema de manera detallada.

Una vez aprobada la preliberación, se elabora un carné que debe llevar la firma del director del centro penal. Este carné se entrega al recluso, quien se compromete a presentarse regularmente en el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para firmar un libro, semanal o mensualmente.

La Ley contempla que los privados de libertad que tienen penas menores a 10 años, la preliberación se puede otorgar la preliberación seis meses antes de cumplir un tercio de la pena, en el caso de que el recluso haya cometido delitos dolosos con anterioridad, se le otorgará el beneficio un año antes del cumplimiento de la media pena.

« “Es esencial garantizar que los reos participen en programas de rehabilitación integral antes de ser considerados para preliberación” «

Nelson Castañeda, director de Seguridad de ASJ

En el caso de las penas mayores a 15 años hasta 30 años, se podrá otorgar un año antes del cumplimiento de dos tercios de la pena. Para las penas mayores de 30 años, la preliberación se podrá otorgar un año antes del cumplimiento de los dos tercios de la pena, según lo apruebe el Consejo Técnico Interdisciplinario (CTI).

“En los casos de condena que los dos tercios de cumplimiento de penas, sean superiores a 30 años, el CTI, podrá otorgar esta fase de confianza cuando la persona privada de libertad allá estado en prisión 29 años por una misma sentencia”, menciona la ley.

Otro requisito es que durante los últimos seis meses, el privado no haya sido sancionado mediante resolución del CTI por la comisión de alguna falta.

Además, los privados de libertad que gocen del beneficio de forma temporal deben cumplir los horarios estipulados para que la medida no sea suspendida y al salir deben vivir con sus familiares, líderes comunitarios o personas con buena reputación comprobada socialmente.

Fajardo explicó que en el caso de los privados de libertad extranjeros son los consulados de cada país los que asumen su custodia y son los responsables de su alojamiento.

Proceso

Para Leandro Osorio, comisionado policial en condición de retiro, las preliberaciones deben realizarse de forma científica, pues de lo contrario habrá mayor comisión del delito a nivel nacional.

“Si los equipos técnicos que realizan esta escogencia no lo hacen de forma científica ni lo hace con personal legalmente capacitado va a venir aumentar los delitos en las diferentes facetas. Porque no podemos aspirar a que esta escogencia no va a delinquir”, expresó.

El experto, quien en una escala del 1 al 10 calificó con un 5 a la gestión militar frente a las cárceles, dijo a LA PRENSA Premium que sin una selección adecuada de los profesionales encargados y sin un seguimiento efectivo, es improbable mejorar la situación en los centros penales y en la reinserción de los liberados.

”Si tenemos a un violador o a un marero que en su momento cometió tal delito, sobre todo las maras y pandillas que prácticamente fueron sacadas de sus familias. Entonces ellos adquieren otra familia sustituta, prueba de ello es que al salir no van a llegar a sus lugares de origen con una conducta diferente, sino que van a buscar a su familia sustituta para formar parte, recordemos que estas estructuras son una familia”, expresó.

Según Osorio, la clave está en la profesionalización de los equipos técnicos encargados del proceso de preliberación. “Necesitamos equipos compuestos por psicólogos clínicos, criminólogos y médicos especializados. Los militares, por su formación, no están capacitados para estas funciones y deben ser excluidos de los equipos técnicos”, puntualizó.

También enfatizó la importancia de un seguimiento continuo y riguroso de los preliberados, un aspecto que considera actualmente desatendido.

”Es muy difícil aspirar a buenos resultados con el mismo equipo técnico en los centros penales”: Comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio

Por su parte, Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destacó que este proceso plantea serios desafíos para la seguridad pública, por lo que es necesario que sean utilizados criterios más rigurosos que evalúen no solo el comportamiento del reo sino también la gravedad del delito cometido y las condiciones del entorno al que regresarán.

”Nosotros también abogados por la implementación de programas de reintegración social efectivos que incluyan educación, capacitación laboral y apoyo psicológico, junto con un seguimiento post-liberación mediante tecnologías de monitoreo para minimizar el riesgo de reincidencia”, expresó.

Para mejorar el sistema de preliberación y equilibrar la reinserción social con la seguridad pública, Castañeda recomienda fortalecer los criterios de selección con análisis psicológicos y estudios de riesgo detallados.

Además, es esencial garantizar que los reos participen en programas de rehabilitación integral antes de ser considerados para la preliberación. “La utilización de tecnologías avanzadas de monitoreo, como los brazaletes GPS, es crucial para proporcionar un entorno de apoyo integral para los preliberados”, afirmó.

« “En las direcciones y subdirecciones de los centros penitenciarios hay militares, pero los de CTI son profesionales de derecho, psicología, trabajo social, pedagogía, médicos y odontólogos” «

Héctor Fajardo, subdirector de Gestión Penitenciaria

Enrolamiento

En Honduras, el tiempo máximo que una persona puede estar privada de su libertad por un delito son 30 años, sin embargo, el sistema penal documenta varios casos de reclusos que, aunque han cumplido su condena, siguen encarcelados, a menudo debido a la falta de una defensa adecuada.

Ante esta situación, el Poder Judicial, en colaboración con la Mesa Técnica de Descongestionamiento del Sistema de Centros Penitenciarios, ha implementado el enrolamiento de expedientes criminológicos. Este proceso tiene como objetivo examinar la condición de los privados de libertad y, si corresponde, promover su preliberación.

“-Los enrolamientos- son para ver cuál es el estatus del privado de libertad de las diferentes cárceles. Ahorita se está haciendo en Támara y se hizo en el de Siria, pero se espera que este procedimiento se aplique en todas las cárceles del país”, informó Lucía Villars, portavoz del PJ.

“Hay privados de libertad que probablemente ya han cumplido la pena y ellos ni siquiera se han dado cuenta, o hay privados de libertad que en este caso no tienen un defensor público y se les pone un defensor público, hay quienes se encuentran en situaciones de salud precarias y también se les da asistencia médica, entonces para todo eso sirve el enrolamiento”, agregó.

En el proceso de revisión de expedientes participan al menos 40 abogados. Las autoridades han encontrado en estas revisiones a personas con enfermedades terminales y a privados de libertad con problemas mentales que requieren traslado a centros especializados.

Si la enfermedad mental es grave, el reo es trasladado al Hospital Santa Rosita; si es leve, al Hospital Mario Mendoza, lugar donde convive con otros pacientes no judicializados, comprobó este medio.

De acuerdo a Julissa Padilla, oficial de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), las autoridades carcelarias deben informar sobre los beneficios, en este caso la preliberación, a los que puede optar una persona privada de libertad cuando ingresa a un centro penal.

“De esa manera el proceso iniciaría desde que ellos ingresan al centro penitenciario, hay que hacerles saber cuáles son los programas de trabajo y rehabilitación que existen para que se garantice una adecuada reinserción de la persona privada de libertad y rehabilitarlo”, expresó.

La preliberación también se proyecta como una medida crucial para aliviar el hacinamiento en las prisiones. Sin embargo, es esencial que las autoridades no solo se enfoquen en reducir la sobrepoblación, sino también en garantizar que aquellos liberados no representen una amenaza para la población. La falta de rigor en este proceso puede elevar los índices de criminalidad, que ya son bastante altos (31.14 por cada cien mil habitantes en 2023, el más alto de Centroamérica).